Política y museos ¿relación mortal?

La pasada semana saltaba a la prensa la noticia de la dimisión de Eva González-Camacho, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) tan solo tres meses de tomar posesión de su cargo. 75_musacGonzález-Camacho apunta varios motivos en su carta de dimisión “Me siento engañada y maniatada. Quiero que la comunidad de Castilla y León rescinda mi contrato porque han incumplido su parte”,  “Desde que llegué todo fueron obstáculos y negativas”, “Quiero dejar claro que no es un problema de recortes presupuestarios. Sabía donde venía. El problema es que desde que tomé posesión, el 4 de marzo, solo me dejaban ratificar decisiones ajenas”. Cuenta que se le ha denegado la puesta en marcha de su plan de internacionalización del museo, algo que ya figuraba en el proyecto por el que fue contratada, además, explica que no ha podido poner en marcha nada de su programación y se ha encontrado con decisiones ajenas a su voluntad.
La dimisión de la hasta ahora directora del MUSAC, no hace más que acentuar una crisis interna en el museo iniciada por Agustín Pérez Rubio, director de la institución desde 2009 hasta enero de 2013, cuando se hizo efectiva su marcha. Entre los motivos de su marcha apuntó considerarse “agotado”, ante la dirección del centro, para el que defendió que “necesita otra visión” que asuma “otra serie de realidades”. Reconoció, además, que no puede “readaptar más” la gestión del museo debido a que la crisis económica “no lo permite”, por lo que se siente “incómodo” e incapaz de “llevar las riendas” y de organizar un centro al que le ha “dado ocho vueltas” y para el que ya no puede sacar “otra varita mágica”.
Ante la dimisión de González-Camacho, la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE) emitió un comunicado en el que “quiere expresar su malestar y desacuerdo ante las decisiones políticas que han forzado esta dimisión y que, por desgracia, son actuaciones y comportamientos que no terminan por quedar desterrados de las prácticas políticas de nuestro país”. Por otra parte, apuntan a una reflexión ”En diez años el MUSAC ha sufrido la dimisión de sus tres directores (los dos últimos en menos de un año) todo ellos profesionales de contrastado prestigio a nivel nacional e internacional, que han dado lo mejor de sí mismos para situar a la institución en un lugar privilegiado. Es esta situación la que nos lleva a plantear a sus responsables políticos si con sus actuaciones están propiciando un marco de trabajo adecuado para el desarrollo de la institución o si por el contrario lo están abocando a un deterioro en sus formas de funcionamiento que lo acabará conduciendo a su desaparición de los circuitos profesionales del arte. La cultura, en general, y los museos y centros de arte, en particular, no pueden estar sometidos a la inestabilidad y a los cambios continuos de programación y de equipos de trabajo.” Resulta sorprendente que los responsables políticos del MUSAC convoquen un concurso, acogiéndose a las recomendaciones del Documento de Buenas Prácticas para la selección del director y que, finalmente, este procedimiento se convierta en una coartada que esconda la falta de autonomía artística y administrativa del director que impide desarrollar el proyecto para el que se le contrató.
Pero la inclusión de la política en los museos no parece ser nueva. En 2011, María López Fernández y Tomás Llorens, presentaban su dimisión del cargo de dirección y patronato del Museo Carmen Thyssen, respectivamente, solo tres semanas después de la inauguración del museo. Llorens afirmó que su convicción estaba motivada «por una serie de hechos ocurridos a lo largo de las últimas semanas». Entre ellos figuraba uno de «relevancia decisiva» como es el cambio de estructura aprobado y ejecutado en la reunión del Patronato del día 23 de marzo de 2011, a la que no pudo asistir. En dicha fecha se acordó «convertir el puesto de director previsto en el organigrama en ‘director artístico’, y atribuir a un gerente, directamente responsable ante el Patronato, las principales funciones ejecutivas del Museo». Alegó, además, que se designó como gerente «de modo discrecional y sin proceso de selección alguno», a una persona que «carece de experiencia en la gestión de museos o instituciones artísticas, cuya ocupación profesional exclusiva a lo largo de los últimos años ha sido de naturaleza política». Estos acuerdos, que consideró abrieron en el museo un grave conflicto interno, «son un síntoma claro de la voluntad del Patronato de relegar en su gestión las cuestiones histórico artísticas a un nivel secundario». Estas dimisiones crearon una oleada de críticas, donde hasta seis asociaciones de arte españolas mostraron ayer su apoyo a los dimitidos y criticaron la «injerencia» de la política en la gestión cultural, donde afirmaron en un escrito que «Ni la señora Cervera ni el señor de la Torre, alcalde de Málaga, pueden imponer sus criterios en la gestión del museo. Es necesario diferenciar claramente la propiedad privada de una colección de la gestión pública de un museo. Así, al margen de que la colección haya sido cedida temporalmente a la ciudad, la financiación pública del proyecto obliga a todos a adoptar criterios que privilegien la mayor transparencia en las inversiones y en las contrataciones, y la calidad museística».
Política y museos, una relación necesaria, pero a veces mortal.

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